martes 22 de abril de 2025 - Edición Nº4713

POLÍTICA | 17 oct 2024

FALLO DE LA JUSTICIA

Ratifican que el gobierno de Milei no tiene atribuciones para frenar la Universidad de Pilar

La Cámara Federal de San Martín ratificó que el gobierno de Javier Milei no tiene autoridad para frenar la puesta en marcha de la Universidad Nacional de Pilar, una institución establecida por una ley aprobada al final del mandato de Alberto Fernández. Según el fallo emitido por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, una decisión administrativa del Ministerio de Capital Humano no es suficiente para impedir la puesta en funcionamiento de una universidad creada por ley.


La Plata, 17 Oct (Por InfoGEI).-Según reporta Pilar a Diario, el fallo confirmó una resolución previa del juez de primera instancia, Adrián González Charvay, que había declarado inconstitucional la medida del Ministerio de Capital Humano, dirigida por Sandra Pettovello, que pretendía revisar la creación y el inicio de actividades académicas de nuevas universidades nacionales.

El objetivo de esta revisión era evaluar si se había cumplido con los procedimientos administrativos establecidos por la Ley de Educación Superior para la creación de universidades y si se habían satisfecho las condiciones requeridas.

La Cámara recordó que la ley 27.728, que creó la Universidad Nacional de Pilar, fue publicada en el Boletín Oficial el 12 de octubre de 2023. Además, en noviembre de ese año, se designó a Elizabeth Diana Wanger como rectora organizadora y se firmó un convenio entre la Municipalidad de Pilar y la universidad para el uso del predio del Instituto Carlos Pellegrini como sede. También destacó que en diciembre de 2023, la Secretaría de Políticas Universitarias transfirió 400 millones de pesos para financiar los gastos iniciales de la universidad.

Fallo contundente

En su fallo, la Cámara subrayó que las universidades nacionales son instituciones jurídicas de derecho público que solo pueden ser creadas o cerradas mediante una ley, y que tanto su creación como su cierre deben ser precedidos por un informe del Consejo Interuniversitario Nacional.

Además, señaló que, tras la aprobación de la ley, se realizaron todos los trámites administrativos necesarios para poner en marcha la universidad, lo que generó derechos en sus destinatarios.

En tal sentido, con estos argumentos, los magistrados decidieron desestimar el recurso del gobierno y confirmar la sentencia que declaró inconstitucional la suspensión de la universidad. (InfoGEI)Ac

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