La Plata, 21 Ago (Por InfoGEI).- El Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de San Nicolás está supervisando un caso ambiental complejo que involucra a la empresa Atanor S.A., cuya planta de San Nicolás, ha sido condenada previamente por generar un riesgo ambiental significativo en su funcionamiento.

En marzo del año pasado, esta planta fue objeto de una sentencia judicial que, además de confirmar el riesgo ambiental, impuso una indemnización de 150 millones de pesos destinada a un fondo para la preservación ambiental, administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

El 20 de marzo, ocurrió una explosión en la planta de atrazina de Atanor, un evento que generó incertidumbre tanto sobre sus causas como sobre sus consecuencias. Como respuesta inmediata, el Juzgado de Ejecución Penal emitió una medida cautelar que prohibió el funcionamiento de la planta para proteger a la comunidad y el medio ambiente.

Es relevante señalar que Atanor no apeló esta medida ni solicitó la reapertura de la planta hasta el 26 de junio, es decir, más de tres meses después del incidente.

Acciones del Juzgado para Agilizar el Proceso

Anticipándose a posibles solicitudes, el informe del Juzgado, al que InfoGEI tuvo acceso, tomó varias medidas para agilizar el proceso judicial que afecta a empresa química en cuestión:

1. Segmentación de Actuaciones: Se organizaron las actuaciones en función de cada una de las obligaciones establecidas en la sentencia del año pasado, simplificando la gestión y el seguimiento de estas obligaciones.
2. Identificación de Responsables: Se pidió la identificación de personas clave tanto dentro de los organismos involucrados como en la empresa, para facilitar la comunicación y la coordinación.
3. Celebración de Audiencias: Se organizaron audiencias que modificaron la recopilación de información, acelerando así el tiempo necesario para tomar decisiones.
4. Involucramiento de Expertos: Se solicitó la intervención de universidades públicas para designar un grupo de expertos que pudieran emitir dictámenes sobre aspectos cruciales de la sentencia y sobre posibles peticiones futuras relacionadas con la medida cautelar.
5. Intervención del Municipio y Autoridades Ambientales: A pesar de no ser parte directa del proceso, se involucró al municipio y a las autoridades de control, como el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Agua (ADA), para que tomaran las medidas necesarias en coordinación con el tribunal.

Desarrollo y Avances Recientes

Después de recibir el plan de gestión ambiental por parte de Atanor en junio, el tribunal organizó varias audiencias para evaluar la situación. Estas audiencias incluyeron a representantes de la empresa, el municipio y las autoridades ambientales. El 9 de agosto, se realizó una inspección ocular en la planta de atrazina como parte del proceso de evaluación. Además, se solicitó a Atanor que proporcionara información adicional, incluyendo un cronograma detallado de las actividades planificadas y la inversión proyectada para implementar el plan de gestión.

Consideraciones y Futuro del Caso

El Juzgado ha sido claro en que su misión principal es proteger la salud pública y el medio ambiente, y que el proceso ambiental en curso es inherentemente complejo debido a la necesidad de conocimientos especializados en diversas disciplinas. A pesar de la complejidad del caso, se han tomado medidas para avanzar lo más rápidamente posible, manteniendo siempre el foco en la protección de la comunidad y del entorno natural. (InfoGEI)Ac