viernes 16 de abril de 2021 - Edición Nº3246

REGIONALES | 29 nov 2020

SAN NICOLÁS

Nuevo apriete de la gestión del intendente Manuel Passaglia contra una jueza

El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia y su padre, el diputado Provincial, ambos de Juntos por el Cambio, enfrentan diversas batallas en la justicia local, en varias causas iniciadas por contribuyentes nicoleños y por el Defensor del Pueblo por aumentos “ilegales” en las tasas municipales. Ahora se suma una nueva demanda por la ejecución de una “escandalosa” obra para beneficiar a una empresa familiar.


La Plata, 29 Nov (InfoGEI).- A las numerosas causas iniciadas por contribuyentes nicoleños y por el Defensor del Pueblo ante el ilegal aumento en las tasas municipales a principio de año, se le sumó en las últimas semanas la demanda realizada por la empresa portuaria Moviport a raíz de la escandalosa obra que ejecutó el Intendente para beneficiar a una empresa familiar en detrimento de la mencionada.

Según asegura este domingo el portal Primera Plana, en todos los procedimientos judiciales contra el municipio, que hasta el día de hoy suman  577, la jueza a cargo es la Dra. María Isabel Fulgheri, quien ha hecho lugar a los reclamos y de manera cautelar frenó el avance del municipio sobre los derechos de los nicoleños.

Acostumbrado a la impunidad que gozaba durante la gestión de Cambiemos en la provincia, el passaglismo eligió la vía del apriete y de la persecución para amedrentar la labor de la magistrada, mediante hechos relacionados con la casa particular de la Dra. Fulgheri.

La excusa del cerco

Años atrás, en oportunidad de obtener la aprobación del plano de su vivienda por la Dirección de Obras Privadas, se le observó que había invadido con un cerramiento de reja y madera, parte de la vereda de la calle Einstein (cortada al tránsito, frente a la Costanera Alta). Debido a esto, en la aprobación del plano, la jueza se comprometió a retirar el cerco cuando el municipio decidiera abrir dicha arteria y conectarla con Av. Viale.

El 22 de mayo de este año, en plena cuarentena, cuando Fulgheri ya había hecho lugar a varias cautelares a favor de los contribuyentes, el municipio le envía una notificación a su domicilio particular solicitándole remover el cerco debido a que el municipio, supuestamente, iba a ejecutar la obra de apertura de la calle.

Cinco meses después, sin haber comenzado la obra pública, el municipio vuelve a intimar a la jueza a retirar el cerco. Frente a esta nueva notificación, la Dra. Fulgheri le solicitó al ejecutivo municipal que reconsidere las actuaciones, atento a que aún no se había comenzado con la obra de apertura de la calle Einstein y la ciudad se encontraba con restricciones producto de la pandemia y la Fase 3 de aislamiento.

Apriete a fondo

Como respuesta, en el momento más álgido del conflicto con la empresa MOVIPORT, el pasado jueves 19 de noviembre el municipio vuelve a intimarla, pero esta vez con un decreto firmado por el propio Intendente Manuel Passaglia que, sin motivación razonable alguna, careciendo de legalidad, sin haber comenzado la obra de apertura de la calle, intima a la jueza a demoler el cerco en 15 días bajo apercibimiento de ser realizado por la fuerza pública. Al día siguiente de dicha intimación, el abogado del municipio se presenta en el tribunal de la Dra. Fulgheri y solicita el apartamiento de la jueza en la causa MOVIPORT y en las 576 causas en las que está demandado el ejecutivo local, argumentando que el problema del cerco es un “pleito” entre la magistrada y el estado municipal, lo cual configuraría una de las causales para pedir su recusación.

El passaglismo, a través de la administración pública, no solo amedrentó a la jueza con intimaciones carentes de sustento legal en su propio domicilio, sino que construyó un conflicto con la única finalidad de forzar argumentos para que la Dra. Fulgheri deje de entender en las causas contra el municipio.

Rechazo

El pasado miércoles la jueza rechazó la recusación, calificando de intimidatorio el accionar del municipio y argumentando que el conflicto originado por la administración no configura la causal de pleito, dado que no se trata de un litigio judicial.

El ejecutivo local apeló y la decisión final quedará en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. La recusación implica que la jueza no pueda intervenir en ningún otro proceso contra la municipalidad. Un claro acto desesperado, que demuestra un atropello contra las instituciones y contra la actuación imparcial e independiente del Poder Judicial. (InfoGEI)Jd

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