jueves 02 de abril de 2020 - Edición Nº2867

REGIONALES | 22 feb 2020

EVASIÓN VIP

Comenzó el juicio a empresarios rurales acusados de utilizar a indigentes para evadir impuestos

Los catorce imputados –entre ellos una ex alta funcionaria del Municipio de Río Cuarto- habrían conformado una asociación ilícita fiscal que utilizaba a personas de bajos recursos como prestanombres, para obtener beneficios impositivos y eludir impuestos provenientes de la venta de granos. Se estima un perjuicio millonario al erario público


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InfoGEI-R 29455

La Plata, 22 Feb (InfoGEI).-  Luego de casi trece años de chicanas y recursos judiciales, comenzó este jueves en los tribunales federales de Córdoba (Video)el debate oral y público que juzga la responsabilidad penal de un grupo de productores rurales acusados de conformar un asociación ilícita fiscal, que llevó adelante maniobras de comercialización marginal de granos, sirviéndose para ello de personas de bajos recursos para obtener beneficios impositivos, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Tal operatoria, de acuerdo a datos suministrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -querellante en la causa-, habría originado un perjuicio económico millonario a las arcas del Estado. La Fiscalía General N°2, a cargo de Carlos Gonella y junto al auxiliar fiscal Facundo Trotta, intervendrá en el juicio en representación del Ministerio Público Fiscal.

La maniobra de evasión

El caso asomó a la luz pública casi de manera fortuita, en noviembre de 2007. La mañana del 26 de noviembre, en la sucursal del Banco Francés ubicada en la ciudad de Río Cuarto, una madre y su hijo -ambos en situación de indigencia- que se encontraban en la fila para hacer efectivos cheques por una importante suma de dinero, comenzaron a discutir abiertamente con una mujer, posteriormente identificada como María Pía Cardoso, abogada de profesión y por entonces funcionaria del Área de Saneamiento de Títulos, dependiente del Instituto de la Vivienda de la Municipalidad de Río Cuarto.

Según los dichos de la mujer y su hijo, les habían prometido una exigua cantidad de dinero a cambio de prestarse a la tarea de cambiar cheques en la ventanilla del banco. Fue el puntapié para la investigación.

Prestanombres

El devenir de la pesquisa -que se nutrió de múltiples allanamientos, declaraciones testimoniales y análisis de documentación-permitió establecer la hipótesis de que la mencionada Cardoso, aprovechándose de las facilidades y contactos que le proporcionaba su trabajo en la referida dependencia municipal -donde por las tareas a su cargo, accedía a padrones de ciudadanos que cobraban planes sociales- habría comenzado en 2007 a reclutar a personas de escasos recursos y bajo nivel de instrucción para que actuaran como prestanombres, con el fin de simular la realización de operaciones de compra-venta de cereales, de tal forma de encubrir y ocultar a los verdaderos protagonistas de las operaciones ocultas, a quienes se les facilitaba así la evasión de los impuestos correspondientes.

Indigentes “monotributistas”

En una primera etapa, las personas en situación de vulnerabilidad reclutadas hacían certificar sus firmas y eran inscriptos como monotributistas o acopiadores de granos ante la AFIP-DGI, de tal forma de obtener un CUIT, clave fiscal, código de autorización y habilitación para recibir cartas de porte -documentos de tránsito obligatorios mediante los cuales se realizan los movimientos físicos de mercadería en las distintas etapas de su comercialización-.

Beneficios fiscales

De esta forma, una vez generada la documentación apócrifa respecto del vendedor -como se dijo, prestanombre y monotribuista- el adquirente de los bienes obtiene el beneficio de los cómputos del crédito fiscal, del Impuesto al Valor Agregado y la deducción del costo respectivo en el impuesto a las Ganancias, burlándose además los regímenes de retenciones impositivas, ya que los monotributistas no resultan alcanzados por los mismos. En este caso, el perjuicio al Fisco tiene que ver con la insolvencia del sujeto prestanombre, quien en definitiva no podrá hacer frente a las obligaciones generadas a su nombre por crédito fiscal.

El organizador

El requerimiento de elevación a juicio, firmado en 2016 por el fiscal federal Guillermo Lega, ubica al empresario Atilio Omar Mengo en el rol de organizador de la asociación ilícita fiscal (artículo 15, inciso c de la ley N°24.769). Tras una primera elevación a juicio, a fines de 2014 el TOF N°1 hizo lugar a una serie de planteos de nulidad de las partes y remitió las actuaciones para que continuase la instrucción, que se dio por concluida hacia fines de 2016.

Los acusados

La nómina de acusados se completa con Hugo Alfredo Agüero, Claudio Fabián Giles, Vanesa Romina Moyano, Gabriel Alberto Ludueña, Francina y Luisina Mengo (hijas de Atilio), Leonardo Petiti y Sergio Bertoni, Eduardo Meta, Diego Daniel Meta, Gabriel Luciano Meta y  Sebastian Barreiro. El tribunal estará conformado por Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Carolina Prado.(InfoGEI)Jd

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